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Cubero se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel por el accidente de la Oktoberfest

  • La acusación solicita para otros tres encausados la misma pena que para el edil de ZEC
  • A la espera de lo que diga el fiscal, les imputa un delito de lesiones graves por imprudencia

ZARAGOZA. Tres años de prisión y cuatro de inhabilitación espe­cial para el ejercicio de su cargo. Esa es la pena que piden para el concejal de Servicios Púbicos, Al­berto Cubero, los abogados de la mujer de 39 anos que resultó gra­vemente herida al ser golpeada en la cabeza por una viga que se desprendió de la estructura de la carpa de la cerveza, instalada en Valdespartera durante las pasa­das fiestas del Pilar.

Los letrados atribuyen al edil de ZEC un delito de lesiones graves por imprudencia grave. La misma acusación hacen contra el jefe de la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos y Personal, En­rique Asensio, el dueño de la car­pa, Luis G. S. y el ingeniero Sergio E. E, y solicitan para ellos una pe­na de cárcel e inhabilitación simi­lar al concejal.

En su escrito de acusación, que han presentado ya como paso pre­vio a la apertura del juicio oral, lle­gan a la conclusión de que el acci­dente se produjo porque la carpa se montó a pesar de que faltaban diez vigas, porque el ingeniero no reflejó en su certificado final de obra esa circunstancia, porque ninguna de las inspecciones para­lizó la licencia pese a la importan­cia de la ausencia de esas vigas y porque no se hizo un proyecto completo para la tramitación mu­nicipal al no justificarse qué nor­mativa era de aplicación.

La responsabilidad de cada uno Los abogados Alberto Cervera y Oscar Frontiñán exponen en su relato las conductas a su juicio ne­gligentes que cometieron cada uno de ellos y que a la postre de­sencadenaron el accidente.

Por un lado, afirman que el dueño de la Oktoberfest, Luis G. S., no hacía ningún mantenimien­to de la carpa, pese a tener al me­nos 15 años de antigüedad, ni re­ponía las piezas que se iban dete­riorando. Aún así, montó la es­tructura “a sabiendas de que era un peligro para la salud e integri­dad física de las personas que iban a disfrutar de su ocio”.

Por otro lado, mantienen que el ingeniero Sergio E. F. firmó el certificado final de obra aunque era “sabedor” y “consciente” de que estaba certificando una car­pa de “manera indebida, insegu­ra y endeble”, de que los mate­riales “carecían de todo tipo de mantenimiento” y de que faltaban piezas. “La actuación de Ser­gio E., es absolutamente negli­gente de forma dolosa, y por tan­to merecedor de reproche pe­nal”.

De Alberto Cubero y Enrique Asensio mantienen que firmaron la concesión de la licencia para la apertura de la Oktoberfest “pese a la ausencia de control e inspec­ción por parte de la administra­ción municipal sobre la seguri­dad estructural de la carpa”. Los abogados inciden en que otorga­ron una licencia de apertura y de funcionamiento “cuando no lo podían hacer”. Añaden que, en su opinión, incumplieron la ley re­guladora de Espectáculos Públi­cos, Actividades Recreativas y es­tablecimientos públicos de la Co­munidad Autónoma de Aragón, la cual cede las competencias a los municipios. También infrin­gieron el Decreto 16/2014 del Go­bierno de Aragón que hace res­ponsable al Ayuntamiento de Za­ragoza, por delegación, de la con­cesión de las licencias y la auto­rización de la instalación.

Incumplía la normativa

Exponen que el proyecto debía contener un desarrollo técnico de la estructura y cumplir con el Código Técnico de Edificación. Sin embargo, afirman que el que fue presentado y “aceptado” por los funcionarios municipales ca­rece de dicha documentación.

“No es un proyecto con el que el Ayuntamiento pudiera conce­der una licencia de actividad. No habla de seguridad estructural. No habla de Código Técnico de Edificación. ¿Cómo concedió la licencia de actividad el Ayunta­miento de Zaragoza si el proyec­to y por ende la concesión de la licencia incumplía la normativa legal?”, se preguntan. “Los técni­cos municipales tienen la obliga­ción de verificar que dicho certi­ficado se ajusta a la realidad, y no lo hicieron”, manifiestan.

La acusación particular culpaba también del siniestro al montador Ángel Patricio P., aunque el juez instructor, Rafael Lasala, lo exime de responsabilidad al entender que comunicó a su jefe que falta­ban piezas pero este no hizo nada.

En cuanto a la responsabilidad civil, que superará los 250.000 eu­ros, hacen responsables directas a las aseguradoras y subsidiarias al Ayuntamiento, la empresa monta­dora y la del ingeniero. La víctima ha sido operada varias veces y to­davía le quedan más intervencio­nes quirúrgicas. El caso está pen­diente de que la Fiscalía presente ahora su escrito de calificación.

M. GARÚ/M. A. COLOMA

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Fuente: Heraldo de Aragón